Con ello se busca ofrecer al paciente y familiares, su derecho a una atención integral de toda la persona, también en el ámbito espiritual y religioso. La renovación de este convenio viene a dar respuesta a la aplicación del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos, firmada el 24 de julio de 1985. ("El Estado garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los católicos internados en los centros hospitalarios del sector público" BOE-A-1985-26584 y artículo 2 de la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio )
El acuerdo contará con una financiación de 1.862.352 euros y estará vigente desde el próximo 1 de octubre hasta el 30 de septiembre de 2030, aunque contempla la posibilidad de que pueda prorrogarse posteriormente en los términos recogidos en el propio convenio. Su finalidad es asegurar que las personas ingresadas en los centros hospitalarios dependientes del SES, así como sus acompañantes, puedan seguir recibiendo atención religiosa católica siempre que la soliciten.
Para ello, los hospitales dispondrán del denominado Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC), una prestación que ya viene funcionando en los centros sanitarios públicos y cuya continuidad queda ahora respaldada mediante el nuevo acuerdo. Entre las funciones, se encuentran las visitas a los pacientes hospitalizados, la celebración de actos de culto y la administración de sacramentos. También podrán prestar asesoramiento sobre cuestiones religiosas y morales a aquellas personas que lo demanden.
El convenio incluye además entre sus cometidos la colaboración en la humanización de la atención hospitalaria, una de las áreas en las que estos servicios participan dentro de los centros sanitarios. Los SARC estarán integrados por capellanes u otras personas legítimamente designadas por las autoridades eclesiásticas competentes para desempeñar esta labor.
El acceso al servicio tendrá carácter voluntario y estará dirigido exclusivamente a los pacientes y acompañantes que quieran hacer uso de él. La autorización del Consejo de Gobierno permitirá ahora formalizar el acuerdo entre el SES y la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, que regulará la prestación de esta asistencia.
